Escucha a los niños que acaban de ser separados de sus padres en la frontera
ProPublica ha obtenido una grabación en audio del interior de una instalación de la Patrulla Fronteriza en el que se escucha a los niños llorar mientras un agente bromea: "Aquí tenemos una orquesta"
El desesperado llanto de diez niños centroamericanos,
separados de sus padres un día de la semana pasada por las autoridades
de inmigración en la frontera, es una escucha atroz. Muchos de ellos
suenan como si estuvieran llorando tan fuerte que apenas pueden
respirar. Gritan "mami" y “papá” una y otra vez, como si esas fueran las
únicas palabras que conocen.
La voz de barítono de un agente de la Patrulla
Fronteriza retumba por encima del llanto. "Bueno, aquí tenemos una
orquesta," bromea. "Faltaba el maestro".
Entonces, una angustiada niña salvadoreña de seis años
suplica repetidamente que alguien llame a su tía. Solo una llamada,
ruega a cualquiera que la escuche. Dice que ha memorizado el número de
teléfono y, en un momento dado, se lo recita de un tirón a un
representante consular. “Y mi mami después que me venga a traer mi tía
va a venir lo más pronto posible para irme con ella”, gimotea.
Una grabación en audio obtenida por ProPublica pone sonido al sufrimiento real de un polémico debate político
en el que hasta ahora no han participado quienes tienen más en juego:
los niños inmigrantes. Más de 2,300 de ellos han sido separados de sus
padres desde abril, cuando la administración Trump lanzó su política
migratoria de tolerancia cero, que exige procesar a todas las personas
que intenten ingresar de forma ilegal en el país y llevarse a los niños
que trajeron consigo. Más de 100 de esos niños son menores de cuatro
años. Los niños se encuentran inicialmente en almacenes, tiendas de
campaña o grandes almacenes que se han convertido en centros de
detención de la Patrulla Fronteriza.
Las condenas a esta política han sido rápidas y
agudas, incluso por parte de algunos de los partidarios más fiables de
la administración. Ha unido conservadores religiosos y a activistas por
los derechos de los inmigrantes, que han dicho que la tolerancia cero
equivale a "cero humanidad". Miembros demócratas y republicanos del
Congreso se pronunciaron contra los esfuerzos de la administración
durante el fin de semana. La ex-primera dama Laura Bush describió las
prácticas de la administración como "crueles" e "inmorales" y comparó
las imágenes de los niños inmigrantes detenidos en perreras con las de
los campos de internamiento japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.
Y la American Association of Pediatricians (Asociación Estadounidense
de Pediatras, en español) ha dicho que la práctica de separar a los
niños de sus padres puede causarles un "daño irreparable".
Aún así, la administración ha respaldado su política.
El presidente Trump culpa a los demócratas y dice que su gobierno solo
está aplicando leyes ya existentes, aunque eso no es verdad. No hay
ninguna ley que obligue a separar a los niños de sus padres, o que exija
el enjuiciamiento criminal de todos los individuos que cruzan la
frontera sin documentos. Esas prácticas fueron establecidas por la
administración Trump.
El Fiscal General Jeff Sessions ha citado pasajes de
la Biblia en un intento de establecer una justificación religiosa de
esta política. El lunes la defendió de nuevo diciendo que era una
cuestión de estado de derecho. "No podemos y no incitaremos a la gente a
traer niños dándoles inmunidad general de nuestras leyes". Un portavoz
de la Patrulla Fronteriza se hizo eco de ese razonamiento en una
declaración escrita.
En los últimos días, las autoridades en la frontera
han comenzado a permitir recorridos estrechamente controlados por las
instalaciones con el objetivo de poner un rostro humano a esta política,
pero las cámaras están fuertemente restringidas. Y los niños retenidos
no pueden hablar con periodistas.
El audio obtenido por ProPublica rompe ese silencio.
Fue grabado la semana pasada dentro de un centro de detención de la
Patrulla Fronteriza. La persona que realizó la grabación solicitó no ser
identificada por temor a represalias. Esa persona proporcionó el audio a
Jennifer Harbury, una conocida abogada de derechos civiles que ha
vivido y trabajado durante cuatro décadas en el Valle del Río Grande, a
lo largo de la frontera de Texas con México. A su vez, Harbury facilitó
el audio a ProPublica. Dijo que la persona que lo grabó era una clienta
que "escuchó los llantos y los lloros de los niños y que quedó
devastada".
Esta persona estimó que los niños de la grabación
tienen entre cuatro y diez años. Parecía que habían estado en el centro
de detención menos de 24 horas, por lo que su angustia por haber sido
separados de sus padres todavía estaba a flor de piel. Los funcionarios
del consulado trataron de tranquilizarlos con bocadillos y juguetes,
pero los niños eran inconsolables.
La niña que más destacó fue la salvadoreña de seis
años que tenía un número de teléfono metido en la cabeza. Al final del
audio, un funcionario consular ofrece llamar a la tía de la niña.
ProPublica marcó el número que la menor recitó en el audio y habló con
la tía sobre la llamada.
"Fue el momento más difícil de mi vida", dijo.
"Imagínese recibir una llamada de su sobrina de seis años. Está llorando
y me ruega que vaya a buscarla. Ella dice: ‘Prometo que me comportaré,
pero por favor sácame de aquí. Estoy completamente sola’".
La tía dijo que lo que hizo que la llamada fuera aún
más dolorosa es que no había nada que ella pudiera hacer. Ella y su hija
de nueve años buscan asilo en los Estados Unidos después de emigrar
hace dos años por los mismos motivos y siguiendo la misma ruta que su
hermana y su sobrina. Son procedentes de un pequeño pueblo llamado
Armenia, a una hora en coche al noroeste de San Salvador, pero al
alcance de sus olas de crímenes paralizantes de la capital salvadoreña.
La tía dijo que las pandillas estaban en todas partes en El Salvador:
"Están en los autobuses. Están en los bancos. Están en las escuelas.
Están en la policía. No hay ningún lugar donde la gente normal se sienta
segura".
Dijo que su sobrina y su hermana partieron hacia
Estados Unidos hace más de un mes. Pagaron a un traficante de personas
7,000 dólares para que las guiara a través de Guatemala y México y
cruzaron la frontera hacia los Estados Unidos. Ahora, añadió, todo el
riesgo y la inversión parecen perdidos.
La tía dijo que le preocupaba que cualquier intento de
intervenir en la situación de su sobrina pusiera en riesgo la suya y el
asilo de su hija, sobre todo después de que la administración Trump
haya anulado las protecciones de asilo para las víctimas de las
pandillas y de la violencia doméstica. Ella dijo que logró hablar con su
hermana, que fue trasladada a un centro de detención de inmigrantes
cerca de Port Isabel, en Texas. Y se mantiene en contacto con su
sobrina, Alison Jimena Valencia Madrid, por teléfono. Madre e hija, sin
embargo, no han podido comunicarse.
La tía dijo que Alison había sido trasladada de las
instalaciones de la Patrulla Fronteriza a un refugio donde tiene una
cama real. Pero dijo que las autoridades del refugio advirtieron a la
niña de que su madre, Cindy Madrid, de 29 años, podría ser deportada sin
ella.
"Sé que no es ciudadana estadounidense", dijo la tía
sobre su sobrina. "Pero es un ser humano. Es una niña. ¿Cómo pueden
tratarla de esta manera?"
Huérfanos por decreto de la Casa Blanca
Casa Padre, el mayor centro de acogida de inmigrantes menores sin papeles, acoge en Texas a cientos de chavales separados de sus padres por la brutal política migratoria de Estados Unidos
Algunos chicos sonríen. Otros tienen la mirada perdida. Los hay abrumados. Viven de golpe en una burbuja: comida tres veces al día, cama, ropa limpia, atención médica, sala de videojuegos, un auditorio para ver películas... Pero su experiencia en Casa Padre, un antiguo hipermercado Walmart reconvertido en gigantesco centro de acogida en Brownsville (Texas), junto a la frontera con México, enmascara el trauma del feroz viaje hasta Estados Unidos y dulcifica la angustia por un futuro incierto. En poco tiempo, los casi 1.500 inmigrantes indocumentados menores de edad que hay en el albergue, el mayor de ese tipo en EE UU, sabrán si serán expulsados del país o podrán quedarse a la espera de resolver su situación judicial. Y alrededor de una cuarta parte tiene una preocupación mucho más acuciante: llegaron a la frontera con sus padres pero, al ser detenidos, fueron separados de ellos.
Los chicos son víctimas de la nueva política de “tolerancia cero” del Gobierno de Donald Trump. Desde abril, la Fiscalía presenta cargos penales contra cualquier adulto que entre de forma ilegal a EE UU, se le traslada a un centro de detención y, si ha llegado acompañado de un hijo, el menor pasa a depender de Servicios Sociales. El sistema es opaco y se desconoce su alcance. No es inusual que el padre sea deportado mientras el hijo sigue en EE UU. Entre el 19 de abril y el 31 de mayo, 1.995 niños fueron separados de sus padres al tratar de entrar en EE UU en cruces fronterizos oficiales, según estadísticas obtenidas por la agencia Associated Press. Eso excluye a los muchos inmigrantes que acceden al país por vías no oficiales, como cruzar en un bote el Río Grande.
No hay precedentes de una política de ese tipo a gran escala. La Administración republicana tiene cada vez menos camas para acoger a tantos inmigrantes, ha empezado a trasladar adultos a prisiones y sopesa levantar campamentos masivos en bases militares. Trump volvió a decir este viernes que “odia” que padres e hijos sean separados y a culpar falsamente a los demócratas de “forzarlo por ley”. La realidad es que el Gobierno actúa unilateralmente. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha tildado la nueva política de “seria violación de los derechos de los niños”. Organizaciones sociales tratan de frenarla en los tribunales y cada vez hay más voces que denuncian la inmoralidad de que el país más rico del mundo y nacido de la inmigración actúe con tal crueldad.
Ese día había 1.469 menores durmiendo en el albergue, solo 28 por debajo del límite. Llegan allí tras pasar un máximo de 72 horas en un centro policial. Todos son varones y tienen entre 10 y 17 años. Excepto siete indios, el resto son latinoamericanos. Al menos un 70% de los chicos en Casa Padre llegaron completamente solos desde México. Pero cada vez es mayor el ratio de menores que viajan acompañados de sus padres pero son separados al entrar a EE UU. De media, los niños pasan allí 49 días. El promedio nacional es de 56.
La saturación es palpable en Casa Padre, que abrió en marzo
de 2017 tras reconvertir un antiguo hipermercado Walmart de 2,3
hectáreas. En cada una de las 313 habitaciones había cuatro camas pero
se ha añadido una plegable para una quinta persona. La mitad de los
chicos va a clase por la mañana y la otra por la tarde. Antes de las
comidas, se forman larguísimas colas. Southwest Key despidió a
trabajadores el año pasado por la caída drástica en la llegada de
indocumentados al inicio de la presidencia de Trump, pero, con el
repunte actual, necesita a decenas de nuevos empleados.
Como un antiguo Walmart, Casa Padre está en la cuna del capitalismo. Ubicado en la típica avenida del extrarradio estadounidense, está rodeado de locales de comida rápida y gasolineras. La vida fluye. Ajena a las historias afligidas de los casi 1.500 niños en el albergue. Omar Agustín Rodríguez, de 38 años, sí conoce el complejo. Ayudó a instalar el aire acondicionado. “Está bien porque les ayudan y repatrian”, dice en el McDonald’s aledaño. Como muchos otros aquí, nació en Matamoros (México) —separada de Brownsville por el Río Grande y una valla de seis metros— pero en 2000 emigró y ahora tiene la residencia permanente. Se vino en busca de mejor trabajo y seguridad. Deplora la ruptura de familias y elogia a los indocumentados. “Veo a gente que sufre y pelea. Les admiro”.
Nervios y saturación en los tribunales
La nueva política de tolerancia cero con la inmigración irregular se
percibe rápidamente en el tribunal federal de Brownsville, a unos 15
minutos en coche de Casa Padre, el albergue para menores indocumentados.
Ahora cada día hay juicios sobre inmigración. El jueves se celebró una
vista conjunta para 17 inmigrantes centroamericanos que habían cruzado
pocos días antes el Río Grande desde México. Antes de mayo, solo se
hubiese juzgado a dos o tres, aquellos con antecedentes de entradas
ilegales a EE UU. El resto no hubieran sido juzgados y se hubieran
quedado en un centro de detención a la espera de ser deportados o de
pedir asilo.
Todos los inmigrantes se declararon culpables. Las mayores sentencias fueron 10 días de cárcel y un año de supervisión para los que tenían antecedentes. Tras ser liberados, todos serán presumiblemente deportados. Eran nueve hombres y ocho mujeres, entre los 19 y 65 años. Llevaban las manos esposadas y una cadena en la cintura. Algunos vestían ropa carcelaria y estaban visiblemente nerviosos. Todos llevaban auriculares con traducción al español.
Al menos cuatro de ellos fueron separados de sus hijos tras ser interceptados por la policía fronteriza. En el caso del hondureño Álex Roel Guevara, el abogado del Gobierno reconoció que no tienen información sobre dónde está su hija, de 13 años. “Estoy preocupado por mi niña”, clamó otro hondureño, Denis Canales Murillo, que fue separado de su primogénita, de 11 años. El juez, Ignacio Torteya, le respondió que el objetivo es reunificarlos antes de ser deportados aunque, según expertos legales, eso apenas ocurre. Otra de las imputadas, María Josefina Zuñega Alfaro, fue separada de su hijo de 15 años. Dado que es un varón, es posible que esté en Casa Padre.
Humberto Yzaguirre, el abogado de oficio de los inmigrantes, asegura que en sus 15 años de experiencia no había visto casos de ruptura de familias. “Imagínate de lo que están huyendo. Son vulnerables y no tienen ningún poder de evitar lo que el Gobierno está haciendo. Se están aprovechando de ellos. Es de locos”, dijo tras la vista.
Todos los inmigrantes se declararon culpables. Las mayores sentencias fueron 10 días de cárcel y un año de supervisión para los que tenían antecedentes. Tras ser liberados, todos serán presumiblemente deportados. Eran nueve hombres y ocho mujeres, entre los 19 y 65 años. Llevaban las manos esposadas y una cadena en la cintura. Algunos vestían ropa carcelaria y estaban visiblemente nerviosos. Todos llevaban auriculares con traducción al español.
Al menos cuatro de ellos fueron separados de sus hijos tras ser interceptados por la policía fronteriza. En el caso del hondureño Álex Roel Guevara, el abogado del Gobierno reconoció que no tienen información sobre dónde está su hija, de 13 años. “Estoy preocupado por mi niña”, clamó otro hondureño, Denis Canales Murillo, que fue separado de su primogénita, de 11 años. El juez, Ignacio Torteya, le respondió que el objetivo es reunificarlos antes de ser deportados aunque, según expertos legales, eso apenas ocurre. Otra de las imputadas, María Josefina Zuñega Alfaro, fue separada de su hijo de 15 años. Dado que es un varón, es posible que esté en Casa Padre.
Humberto Yzaguirre, el abogado de oficio de los inmigrantes, asegura que en sus 15 años de experiencia no había visto casos de ruptura de familias. “Imagínate de lo que están huyendo. Son vulnerables y no tienen ningún poder de evitar lo que el Gobierno está haciendo. Se están aprovechando de ellos. Es de locos”, dijo tras la vista.
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